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El servicio de autobuses de Ponferrada cumple siete años en situación alegal Imprimir Correo electrónico
Lunes 25 de Marzo de 2019 11:01

Autobuses urbanos de Ponferrada en la parada del intercambiador / BierzoDiarioAutobuses urbanos de Ponferrada en la parada del intercambiador / BierzoDiarioEl contrato del TUP caducó en marzo de 2012 y desde entonces permanece en el limbo. El Ayuntamiento paga más de un millón de euros anuales por el déficit de explotación a la concesionaria, participada por uno de los procesados en el caso Gürtel e imputado en la trama Enredadera.

El contrato con la actual concesionaria del servicio de transporte urbano de Ponferrada permanece en situación alegal desde marzo de 2012, sin que ninguno de los gobiernos municipales que se han sucedido desde entonces—presididos por Carlos López Riesco, Samuel Folgueral y Gloria Fernández Merayo, esta durante los últimos cuatro años— haya tomado una decisión al respecto.

Los retrasos con el actual equipo de gobierno se fueron encadenando. Primero, porque la petición de municipalización firmada por PSOE y PeC detuvo la redacción del pliego de condiciones. Después, por los "desajustes y contradicciones" detectados entre los diferentes pliegos. Y, finalmente, por la entrada en vigor del Real Decreto 55/2017, que pilló con el paso cambiado al equipo de gobierno del Ayuntamiento, obligado a incorporar al nuevo contrato las exigencias contenidas en la Ley de desindexación de la economía española.

Tras fracasar los intentos de licitar de nuevo el servicio, la actual corporación aprobó en diciembre pasado la creación de una comisión especial encargada de emitir un dictamen sobre la fórmula que considere más adecuada para gestionar el servicio de transporte urbano de viajeros de acuerdo con la nueva Ley de Contratos del Sector Público. De momento, sus avances han sido prácticamente nulos y se da por supuesto que no habrá una solución a tan espinoso asunto antes de que concluya, en poco más de dos meses, el actual mandato municipal.

La nueva corporación heredará la patata caliente del transporte urbano de viajeros, que actualmente le cuesta más de un millón de euros anuales a las arcas públicas en concepto de déficit de explotación, un dinero que según los grupos de la oposición "sirve para financiar los beneficios de la empresa". Los técnicos del Ayuntamiento han advertido reiteradamente de la situación irregular del  contrato con la concesionaria, participada por el empresario José Luis Ulibarri, para el que la fiscalía pide 7 años de prisión en una de las piezas de Gürtel e investigado por la trama Enredadera.

La creación de esa comisión especial integrada por técnicos y representantes políticos, que se encargará de valorar el tipo de contrato más conveniente partiendo de la premisa de que la Ley de Contratos del Sector Público impide tras la última reforma el régimen de concesión, se aprobó precisamente después de que en las escuchas de la Enredadera trascendieran los intentos de la actual concesionaria para influir en la redacción de los pliegos de condiciones de una nueva licitación que finalmente no llegó a producirse. A partir de entonces, el equipo de gobierno volvió a abrirse a la posibilidad sugerida reiteradamente desde la oposición de asumir la gestión directa del servicio.

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