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Intervenidos 440.000 euros y bloqueados más de 400 inmuebles y 80 vehículos Imprimir Correo electrónico
Martes 12 de Febrero de 2013 11:55

La investigación del caso Caballo de Troya por el que fueron detenidos José Luis y Maribel Martínez Parra continúa abierta, según informa el Ministerio del Interior ► La policía también se incautó de un revólver con munición, varios ordenadores y abundante documentación

El Ministerio del Interior ha emitido este martes un comunicado oficial en el que hace balance de la operación Caballo de Troya, en cuyo operativo participaron la semana pasada agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, que intervinieron 440.000 euros en dinero, pagarés y cheques, así como un revólver con munición y varios ordenadores. Se han bloqueado más de 400 inmuebles y 80 vehículos relacionados con los investigados.

Los agentes han desmantelado una organización presuntamente dedicada al alzamiento de bienes, las insolvencias punibles y el blanqueo de capitales. El entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar  así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Aunque su sede principal estaba en Valencia, operaban a través de numerosos registros mercantiles en diferentes puntos de España. Como recordará, fueron detenidas 15 personas y se practicaron 17 registros en Valencia, Madrid, Ponferrada y Coirós (A Coruña).

Todos los detenidos permanecen actualmente en libertad con cargos tras prestar declaración en el juzgado número 2 de Santiago de Compostela, cuyo titular José Antonio Vázquez Taín ha fijado una fianza de un millón de euros para cada uno de los dos hijos de José Martínez Núñez, Maribel y José Luis, que habrán de depositar a finales de la próxima semana para eludir la prisión provisional.

Precisamente la venta del hotel propiedad del grupo Martínez Núñez en Santiago de Compostela, por el simbólico precio de 2 euros, fue la alerta que desencadenó las investigaciones policiales sobre las actividades de "un grupo de individuos organizados, jerarquizados y estable desde hace años, que se dedicaba a la compra de empresas con importantes problemas económicos", explica Interior. Las sociedades mercantiles se adquiriían sin realizar desembolso o contraprestación alguna o siendo esta mínima, aparentemente con el objetivo de establecer un plan de viabilidad que permitiera reconducir su situación financiera.

Tras adquirir dichas empresas, sus nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores, comprobándose que los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos, adoptaban decisiones tendentes a evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos de la empresa. De este modo evitaban que los mismos pudieran ser utilizados para satisfacer las deudas contraídas con los acreedores.

Incautados 440.000 euros, un revólver con munición, 400 inmuebles y 80 vehículos

La organización desmantelada tenía su núcleo principal en Valencia,  aunque operaba a través de numerosos registros mercantiles de diferentes partes del país. Sus actividades tenían como objetivo último la obtención de elevados beneficios económicos. Su principal responsable, Ángel de Cabo, en prisión en estos momentos por hechos semejantes, manejaba la información e impartía instrucciones, figurando como administrador, apoderado o socio de numerosas sociedades mercantiles que conforman el entramado empresarial de esta organización.

Como es sabido, la operación se saldó con quince detenciones: una en la localidad de Coirós (A Coruña), 2 en Ponferrada, 7 en Madrid y 5 en la provincia de Valencia. Además se han realizado 17 registros en los lugares en los que se han practicado los arrestos en los que se han intervenido 440.000 euros —en efectivo, pagarés y cheques—, gran cantidad de documentación, un revolver con munición y varios ordenadores. Además han sido bloqueados más de 400 bienes inmuebles y 80 vehículos.

La investigación, dirigida por el  Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, ha sido realizada por agentes de la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Galicia junto con agentes de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Galicia. Han contado con el apoyo de investigadores de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y de la Comisaría de Ponferrada, así como de las unidades operativas de Vigilancia Aduanera de Madrid, Valencia y León.

 

 

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