Samuel Folgueral y Sergio Gallardo, ataviados de ciclistas / BierzoDiarioLa titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada, que tramita la causa sobre la gestión del evento deportivo, cita a declarar como investigado al actual portavoz municipal de USE Bierzo para el día 24 de septiembre a las 13 horas.

Las declaraciones de alguno de los patronos en las comparecencias de la semana pasada y la documentación aportada por el Ayuntamiento de Ponferrada sobre el pleno del 29 de agosto de 2014 habrían sido determinantes en la decisión de la magistrada, que llama a otras tres personas como testigos en esa misma fecha y a varios más —entre ellos el que fuera presidente de la Fundación de Deportes durante el anterior mandato del PP, Antonio Atanasio— para el 3 de octubre.

El Ayuntamiento de Ponferrada remitió al juzgado que instruye la causa, en noviembre de 2016, la certificación de acuerdo plenario por el que se anuló el compromiso que obligaba al consistorio a asumir las deudas contraídas por la Fundación de Deportes en la organización del evento, acompañando el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León en el que se fundamentó esa decisión.

La anulación del acuerdo adoptado por la corporación el 29 de agosto de 2014 y otros dos inmediatamente posteriores de la Junta de Gobierno respondía a la aplicación del dictamen vinculante emitido por el Consejo Consultivo, que declaró "nulos de pleno derecho" los citados acuerdos, que se tomaron sin que constase el importe de las obligaciones de las que hacía responsable al consistorio y sin que existiese informe jurídico alguno que los sustentase. Sí lo había de Intervención, pero considera que "debe entenderse como negativo" puesto que expresamente señalaba que no veía inconveniente en lo acordado "siempre que no supusiera gasto" para las arcas municipales.

Los reproches del Consejo Consultivo no terminaban ahí, porque asimismo destacaba la inexistencia de consignación presupuestaria para sustentar el gasto comprometido y la falta de adecuación al plan de estabilidad. Por todo ello, atendiendo la petición del Ayuntamiento, considera procedente la revisión de oficio por tratarse de acuerdos "nulos de pleno derecho".

La nómina de imputados provisionalmente en la causa se eleva a siete

Los portavoces de los grupos políticos que apoyaron la anulación de los acuerdos —todos excepto USE y PRB— llamaron la atención sobre el demoledor dictamen del Consultivo, que apuntaba en varios de sus párrafos a la vulneración de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de la de Contratos del Sector Público, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, de la Ley General de Subvenciones, y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En su declaración de la semana pasada ante la magistrada que instruye la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, la representante de la concesionaria del servicio de autobuses urbanos y miembro del patronato de la Fundación de Deportes reconoció que la concesión de un préstamo de 715.000 euros por parte de la empresa, dedicada al transporte y no a las operaciones financieras, obedeció a que "se lo había pedido" el entonces alcalde, Samuel Folgueral.

La imputación de Folgueral viene a unirse a las de Sergio Gallardo y Marcos Díez Bodelón, anteriores presidente y vicepresidente de la Fundación de Deportes, el exconcejal Emilio Cubelos y el edil de USE Fernando Álvarez. De momento mantienen también la condición de investigados los actuales directivos del patronato Roberto Mendo y María Antonia Gancedo, si bien están pendientes de resolución los recursos de reforma interpuestos por ambos. La jueza los remitió a la fiscalía para que emita informe y, mientras tanto, ha suspendido sus comparecencias para tomarles declaración.

DOCUMENTACIÓN

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