Foto de familia tras la firma del acuerdo entre Gobierno y sindicatosEl acuerdo firmado este miércoles en Madrid contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores de las empresas mineras afectadas por el cierre y dedica un apartado al potencial de la Ciuden "como vector del proceso de transición energética justa".

El Gobierno de España, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunion) han firmado hoy, miércoles 24, el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027.

En términos generales, el acuerdo –firmado en un acto con la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio–, contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años, para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras.

Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El pacto, en primer lugar, actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón. Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional.

Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

Por otro lado, los empleados no prejubilados dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa. En particular, tendrán acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas.

Plan de Acción Urgente para comarcas mineras e impulso a la Ciuden

El acuerdo considera prioritario incentivar la creación de empleo en las comarcas y municipios mineros, históricamente asociados al monocultivo del carbón y con escasa actividad empresarial alternativa. Para ello, se dedicarán 250 millones de euros, repartidos entre 2019 y 2023, para financiar proyectos empresariales y actuaciones de desarrollo alternativo como la mejora, restauración y revalorización de las zonas degradadas y los espacios afectados por las explotaciones mineras, incluyendo recuperaciones forestales; la dotación o renovación de líneas de telecomunicación o diversificación energética; o la creación de centros de desarrollo tecnológico.

Los 250 millones de euros contemplados en el acuerdo y el conjunto de ayudas sociales destinadas a los trabajadores se complementarán, además, con otro conjunto de medidas que se diseñarán en un Plan de Acción Urgente en Transición Justa para comarcas mineras afectadas por el cierre de instalaciones de minería. Para su desarrollo, el Ministerio para la Transición Ecológica abrirá próximamente un diálogo con las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes sociales de las zonas. Por último, el acuerdo dedica un apartado al potencial de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) como vector del proceso de transición energética justa.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que “con este acuerdo, hemos resuelto la primera tarea urgente que nos encontramos encima de la mesa cuando llegamos al Gobierno. Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás”.

“Pero además queremos ir más lejos, queremos innovar. Nuestro compromiso es a largo plazo. Por eso ofrecemos la elaboración de contratos de Transición Justa, con el objetivo de ayudar a las comarcas a fijar el empleo del futuro con proyectos coherentes, ajustados a los contextos socioeconómicos y que desarrollen el potencial de las zonas. Este es solo el comienzo del diálogo”.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio ha expuesto que “el acuerdo de hoy es una demostración de que el diálogo social funciona. De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos estamos esforzando por dar respuestas a la altura que necesita nuestra sociedad”.