MANUEL I. CABEZAS GONZÁLEZ | Hace algunas semanas leí el artículo de Julio Llamazares, titulado asertiva y perentoriamente The end. En este texto levanta acta de defunción definitiva de las actividades mineras en León, con el cierre de la última mina en activo (La Escondida), en el Valle de Laciana. Así, resignada, sumisa y acríticamente, Llamazares baja el telón sobre el escenario donde actuaron y se afanaron, en tiempo de vacas gordas, más de 40.000 mineros.

Como hijo de minero que soy y nacido también en un pueblo minero, Almagarinos (El Bierzo Alto), he retomado el título afirmativo (“The end”) de Llamazares y lo he transformado en una interrogación (“¿The end?”). Con esta interpelación me pregunto si más de 150 años de actividad minera pueden acabar, sin más, con una simple esquela de defunción. Si hay que poner “the end” a la actividad minera en León, hay que morir, no matando como dice una expresión popular, sino exigiendo al menos responsabilidades por tal “minacidio”.

El "The end" de las minas de carbón de El Bierzo se veía venir desde hace varias décadas. Era una muerte anunciada por los recortes constantes de plantillas, por el cierre progresivo de explotaciones, por las manifestaciones, las huelgas y las marchas pronosticando y denunciando lo que iba a suceder, por las promesas incumplidas y las soluciones ineficaces; en definitiva, por el blablablá, sin ningún resultado tangible, de lo políticamente correcto de los políticos de turno.

En efecto, hace ya algunas décadas, se empezó a propagar la idea cierta de que el carbón español era mucho más caro que el importado y, por eso, el autóctono era subvencionado: una tonelada de nuestro carbón costaba el doble o más que el importado. Más tarde, a causa del CO2 producido por su combustión en las centrales térmicas, los ecologistas lo demonizaron y empezaron a acusarlo de ser también el responsable de la contaminación del medio ambiente y del cambio climático. Este discurso lo compraron los de la casta política, nacional y foránea, y el carbón fue declarado combustible non-grato en la producción de la vital y necesaria energía eléctrica; y empezó a ser sustituido por otras fuentes de energía renovables. Por eso, hoy, el carbón sólo cubre el 10% de las necesidades energéticas. Además, como correlato y como consecuencia lógica e inevitable, se puso en la picota y se condenó a muerte, a muy corto plazo, las centrales térmicas, grandes devoradoras de carbón y, por lo tanto, también grandes contaminadoras.

Así, hemos llegado a 2019, con todas las minas de carbón de España cerradas. Sólo dos minas parece que van a quedar activas, previa devolución de las ayudas recibidas para que cerraran: una mina de montaña, en Caboalles de Arriba (León); la otra, una mina a cielo abierto, en Ariño (Teruel). Y, por otro lado, ya se ha anunciado también, para un futuro muy próximo (2020), el cierre de la mayor parte de las centrales térmicas de España. En León, cerrarán la de Compostilla, la de Anllares y la de la Robla. Estos cierres son la consecuencia lógica de la muerte de las minas de carbón: si no hay carbón, no se podrán alimentar a las centrales térmicas y tendrán que cerrar irremediablemente, además, por contaminantes y por imperativo de la Unión Europea.

Estos son los hechos descarnados. Y estos hechos han provocado y siguen provocando consecuencias muy negativas y problemas muy graves. Por un lado, las comarcas mineras están languideciendo y muriendo por la falta de otra actividad económica alternativa. En este proceso de liquidación de la economía del carbón, los sindicatos han sido cortoplacistas y sólo se han preocupado por conseguir prejubilaciones (a partir de los 48 años) para los mineros afectados, sin tener una visión sistémica, a medio y largo plazo. No se han ocupado de la creación de un tejido industrial nuevo, alternativo al monocultivo del carbón, ni de la parte del carbón en el mix energético, ni de las investigaciones para convertir el carbón en una energía limpia. Y, como consecuencia, esto ha acelerado y agudizado la crisis demográfica que sufren las comarcas mineras. Ante estos efectos tan desastrosos, lo lógico y razonable hubiera sido no cerrar ninguna mina hasta que no existiera una alternativa sólida de empleo real.

Alternativas a la crisis del carbón y de la demografía, haberlas haylas y las ha habido. Basta con citar los Fondos Miner y otras ayudas, que han llegado abundantemente a las comarcas mineras y que no han permitido ni llevar a cabo una “transición energética” justa y ordenada, ni la industrialización  alternativa al cierre tanto de las minas de carbón como de las  centrales térmicas. Por eso, debemos preguntarnos: ¿Qué se ha hecho con el maná europeo y nacional? ¿Quién lo ha despilfarrado o simplemente distraído o robado? ¿Quiénes son los ladrones del presente y del futuro de El Bierzo, que han disparado con pólvora del rey?

Por otro lado, hay que citar la suerte corrida por la CIUDEN (la Ciudad de la Energía de Ponferrada), también financiada en parte por la Unión Europea y en la que se depositaron todas las esperanzas para que fuera la locomotora que dotara de músculo económico a las comarcas mineras de El Bierzo. Entre otras funciones, la CIUDEN debía llevar a cabo precisamente las investigaciones pertinentes para capturar, transportar y almacenar en el subsuelo las emisiones contaminantes del CO2 de las centrales térmicas. De esta forma, el carbón se convertiría en una energía limpia y serían indultadas tanto las minas como las centrales térmicas. Ahora bien, con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno de la Nación en 2011, se le cortó la financiación, se olvidaron sus objetivos y funciones, pasando a mejor vida. Sin embargo, Islandia retomó el proyecto abandonado por la CIUDEN y lo confió a un grupo de investigadores internacionales, que consiguieron, en dos años, en la planta geotérmica Hellisheidi de Reykjavik Energy, capturar, transportar y almacenar el CO2. Así, el carbón se ha convertido en una energía limpia y, por lo tanto, las minas deberían ser indultadas.

Ante los hechos narrados, creo que no se puede poner el "The end" a la actividad minera berciana, como titula Julio Llamazares su artículo, sin pedir responsabilidades a aquellos que han conducido al desastre y a la miseria económica, sin ninguna alternativa viable, a las comarcas mineras de El Bierzo: los empresarios del carbón y sus cómplices necesarios de la casta política y sindical. Por eso, lo razonable y necesario sería denunciar a los responsables de este latrocinio, genuinos expoliadores, que se han comportado como una auténtica “élite extractiva”. No pueden irse de rositas, no pueden seguir amorrados a las ubres del erario público, después de haber perpetrado impunemente sus latrocinios y fechorías. Por sus actos, han sido alumnos aventajados del “coge el dinero y corre” (título de una película de Woody Allen), dejando a las generaciones presentes y futuras una economía y un ecosistema hecho unos zorros. Y esto no puede quedar impune.