La Policía Nacional detiene a 59 personas y destapa un fraude a la Seguridad Social cercano a los 19 millones de euros en 17 provincias. En el Bierzo ha actuado contra tres responsables de una pizarrera que, además de defraudar en las cotizaciones de manera sistemática desde 2009, dejaron sin valor un bien que habían puesto en garantía.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han detenido a 59 personas durante el desarrollo de la operación Galatea dirigida contra el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social. Las actuaciones se han realizado en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora y la estafa se ha cuantificado en torno a los 18.705.509,87 euros.

Las investigaciones comenzaron a principios del año 2018, tras recibir varias denuncias que informaban sobre hechos ilícitos cometidos contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Tras el análisis de la documentación, se observó que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, se crearon  entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio.

Los 59 detenidos han resultado ser principalmente los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros –algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia–, así como familiares de los primeros. Se les ha imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, grupo criminal, contra el derecho de los trabajadores y apropiación indebida. Avanzadas las investigaciones, se realizaron informes patrimoniales de las personas implicadas con el fin de que pueda solicitarse el embargo de los bienes localizados.

En la comarca del Bierzo se ha detenido al ideólogo de una sucesión empresarial dedicada a la explotación de canteras, así como a sus testaferros, quienes no habían abonado ninguna cotización de los más de 170 trabajadores que había tenido de alta desde el año 2009 hasta nuestros días, generando a la Seguridad Social una deuda por el impago de los seguros sociales de unos 575.000 euros.

Los detenidos presentaron como garantía una pala cargadora a la que le quitaron el motor

Se crearon sociedades superpuestas en el tiempo con el objetivo de suceder a la deudora anterior, continuando la misma actividad en el mismo local y de esta forma operar en el mercado con una empresa limpia de cargas. Los investigadores observaron que el capital social ascendía a casi un millón de euros y su patrimonio neto declarado en 2016 rondaba el millón doscientos mil euros. Sin embargo, sobre el papel carecían de patrimonio de cierto valor.

Se acreditaron indicios de descapitalización, trasvase de trabajadores, unidad de dirección de las empresas, utilización de testaferros, facturación cruzada y búsqueda por parte de socios y órganos de gestión de falsa apariencia de independencia entre empresas. Además, utilizaban fraudulentamente la falta de pago de las cuotas a la Seguridad Social como una herramienta de gestión empresarial, reduciendo costes frente a competidores, que no podían rivalizar en el precio de la venta de pizarra y piedra ornamental al tener que soportar costes superiores.

Para retrasar o impedir el legítimo cobro de la deuda por parte de la Tesorería General, los investigados llegaron a acuerdos de aplazamiento que incumplieron. En uno de estos acuerdos se constituyó como garantía de pago una pala cargadora caterpillar y, al requerir la Tesorería General de la Seguridad Social su cobro, se negaron a entregarla. Posteriormente fue localizada por los cuerpos de seguridad para su precinto, aunque estaba inservible y sin valor porque los propietarios le habían quitado el motor. Dos personas fueron detenidas por estos hechos y una más resultó investigada por los delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.