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El juzgado investiga al alcalde de Carracedelo por presuntas irregularidades urbanísticas Imprimir Correo electrónico
Martes 09 de Marzo de 2010 04:11
Dos agentes de la Guardia Civil de la unidad de delitos urbanísticos se personaron el pasado viernes en el Ayuntamiento de Carracedelo para recabar información tras la denuncia presentada por un particular que acusa al equipo de gobierno encabezado por el popular Raúl Valcarce de haber incurrido en una presunta “flagrante irregularidad” en la recalificación de un terreno para la construcción de la urbanización Bello Santos. La noticia, como no podría ser de otra manera, ha sido silenciada por los medios de comunicación locales y provinciales, excepción hecha del que destapó el asunto (elsoplon.net), pero tiene un amplio eco este martes en El Plural, que subraya además la estrecha relación de Valcarce con el empresario José Luís Ulibarri, imputado en el caso Gürtel.

El Plural destaca que el alcalde de Carracedelo ya está incurso "en otros procesos judiciales de diversa índole", como el conocido como caso de La Coronela, por presunto tráfico de inmigrfantes, y le señala como "socio e íntimo amigo del empresario imputado en la trama Gürtel José Luis Ulibarri". Ahora, agrega, "podría enfrentarse a un nuevo proceso por haber dado licencia para construir una urbanización en la que luego no quiso hacer las pertinentes instalaciones eléctricas".

El caso data de 2003, cuando el Ayuntamiento otorgó licencia a una constructora para edificar viviendas en la citada urbanización. Los inmuebles fueron vendidos pero, cuando la constructora se disponía a entregarlas a los compradores, el consistorio se negó a hacer llegar el suministro eléctrico hasta la zona. El departamento de Industria de la Junta de Castilla y León dio la razón al Ayuntamiento y determinó que era el constructor quien debía asumir los gastos para dar suministro eléctrico a las parcelas.

La mayoría de los propietarios llegó a un acuerdo para financiar la parte correspondiente, pero uno de ellos decidió llevar el caso a los tribunales y acusó al Ayuntamiento de “recalificación ilegal de terrenos”. Según su denuncia, cuando un terreno rústico se transforma en urbano, es el Ayuntamiento el que debe asumir los gastos por llevar hasta él los suministros de agua, luz, alcantarillado y otros servicios municipales, por lo que los compradores de estas viviendas no deberían pagar por servicios por los que no se cobra al resto de los ciudadanos.

Más información:

http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=44129

 

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