En el caso de Ulibarri, la juez —que establece en su auto la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa editora— estima que no tiene relación con los artículos objeto de la querella, mientras que exime de responsabilidad al entonces director del Diario de León, una vez que ha quedado clara la autoría de los artículos.

Del mismo modo, levanta la imputación a los otros tres periodistas de la delegación del periódico en la delegación del Bierzo que no participaron en la confección de las informaciones, una medida que ya había solicitado asimismo la propia empresa demandante tras conocer el contenido de las declaraciones, de las que se infería que sólo Roberto Arias y Manuel Félix López eran autores de las publicaciones que aparfecieron sin firma alguna durante diez días en las páginas del periódico.

Ambos deberán aportar ahora al juzgado que tramita la querella los documentos en los que dicen haber basado expresiones como "pelotazo", referidas a las relaciones comerciales de la empresa demandante con el Consejo Comarcal del Bierzo. En su momento, la institución comarcal ya dejó claro que no existía el menor indicio de ilegalidad, ni siquiera de irregularidad administrativa en los diferentes contratos y adjudicaciones a los que se refieren las informaciones del Diario, y que en todos los procedimientos se habían respetado las estipulaciones legales pertinentes en cada caso.

Ni un informe negativo

El propio presidente del Consejo Comarcal , José Luís Ramón, aclaró en su momento por escrito, tras analizar los expedientes referidos a las distintas contrataciones con ECD celebradas en el período 2003-2007, que siempre "se cumplió escrupulosamente la legalidad, como lo demuestra el hecho de que no recibiera ningún informe negativo por parte de Intervención y Secretaría".

En algún caso, la adjudicación fue aprobada por una mesa de contratación, donde estaba representada la oposición, y en otros incluso se sometieron las actuaciones realizadas a una auditoria externa encargada por la UAFSE (Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo) y realizada  por Ernst & Young, una de las consultoras más prestigiosas del país. "El Consejo Comarcal ha cumplido y cumple siempre los procedimientos de contratación legales", reiteraba en su declaración oficial.