Podemos denuncia las connivencias entre Ulibarri y el poder político regional |
Martes 03 de Julio de 2018 18:33 |
"La operación policial llevada en el día de hoy por parte de la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción en múltiples ayuntamientos de la provincia nos produce indignación", declara la diputada nacional por León de la formación morada, Ana Marcello. Tras la operación policial contra una presunta trama de corrupción que se ha saldado en la provincia de León con la detención del portavoz y el asesor de Ciudadanos en la Diputación. Juan Carlos Fernández y Sadat Maraña, del exconcejal del PSOE en Astorga Juan José Simón Callejo, y del empresario José Luis Ulibarri como cabecilla de una trama que falseaba datos de tráfico —además del traslado a comisaría de varios alcaldes y concejales para prestar declaración—, Podemos ha sido la primera formación política que ha dado a conocer su reacción. Podemos entiende además que Ciudadanos, PP y PSOE "tienen que asumir responsabilidades, esta ramificación municipal demuestra que no son casos aislados, es una trama que se inserta y se desarrolla, siempre con nombres y pautas comunes, en todos los niveles del Estado". En el caso concreto del partido de Albert Rivera —que ha suspendido de militancia a los detenidos al igual que los socialistas y los populares—, Marcello señala que "ha pasado de apoyar y avalar las prácticas corruptas del PP en sitios como Madrid o Murcia a empezar a tener sus propios casos de corrupción basados exactamente en las mismas pautas". Algo que le parece "preocupante para un partido que decía venir a regenerar la política y que cada día se parece más, en las formas, en el fondo y hasta en los casos de corrupción, a los de siempre". Tras calificar de "intolerable que siempre se repitan los mismos nombres de empresas vinculadas a la corrupción y desde las administraciones se las siga contratando" —citando expresamente a Sacyr, OHL yACS— la diputada leonesa de Podemos ve "urgente que se inhabilite a las empresas condenadas por corrupción para que no puedan presentarse nunca a concursos públicos". "Prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal. Lamentablemente son delitos que ya nos son familiares a todos y no sorprenden a nadie", remacha Ana Marcello. |