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 El empresario José Luis UlibarriEl juzgado de Badalona que instruye la pieza principal de la operación Enredadera ha decretado este viernes la puesta en libertad de los cuatro implicados que permanecían encarcelados desde el pasado 5 de julio, entre ellos los empresarios José Luis Ulibarri y Ángel Luis García, considerados los cabecillas de la presunta trama corrupta.
Funtes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han confirmado esta mañana que los cuatro imputados podrán salir de prisión tras dictar el juez del número 2 de Badalona que instruye la pieza principal del caso un auto en el que resuelve su libertad sin fianza pero con cargos y medidas cautelares.
Ambos empresarios se encontraban en la cárcel desde el pasado 5 de julio, junto a otros dos detenidos en la operación, tras prestar declaración en Badalona. Fueron conducidos a la cárcel de Brians 1, y recientemente José Luis Ulibarri fue trasladado a Madrid, donde también había solicitado su traslado el astorgano Ángel Luis García, conocido como El Patatero. El juez había ordenado el ingreso en prisión de Ulibarri tras deducir de las abundantes intervenciones telefónicas realizadas por la UDEF que Ulibarri era el encargado de aportar información sobre concursos "apetecibles" para la empresa Aplicaciones Gespol, vinculada a Sacyr y principal implicada en la trama. "Yo me ocupo", decía a menudo el investigado cuando había algún problema con la licitación de algún concurso. La policía estableció vínculos entre los empresarios y distintos ayuntamientos, con los que Ulibarri —señalado como supuesto conseguidor y cabecilla de la trama— mantenía estrechas relaciones de amistad. En esta causa se investigan posibles delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
Ulibarri ya está imputado en la pieza separada de la trama Gürtel de Boadilla del Monte y procesado por cinco presuntos delitos, por los que la fiscalía le pide 7 años y un mes de prisión. En concreto, por el delito de prevaricación relacionado con la adjudicación a UFC SA de una parcela en Boadilla, la fiscalía pide para Ulibarri una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por fraude a las Administraciones solicita las penas de 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por tráfico de influencias, 11 meses. Por el delito contra la Hacienda Pública, 2 años y 2 meses de prisión y 320.000 euros de multa. Por delito continuado de falsedad en documento mercantil, 2 años de prisión y 11 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros. Todavía no se ha fijado una fecha para el juicio. DOCUMENTACIÓN |
