La propuesta del PP sobre minas metálicas «alienta el expolio», según Ecologistas Imprimir
Miércoles 31 de Octubre de 2018 16:21

"La finalidad real de la modificación de la Ley de Urbanismo que promueve el Grupo Popular en las Cortes es como él reconoce desbloquear proyectos mineros especulativos objeto de oposición en toda Castilla y León", explica la organización conservacionista.

Ecologistas en Acción denuncia que la Proposición de Ley (PL) presentada por el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León para modificar la Ley de Urbanismo, pretendiendo considerar como usos autorizables las actividades extractivas no energéticas en cualquier suelo rústico con protección (agropecuaria, cultural o natural), da alas a la “burbuja minera”, que junto a la explotación porcina industrial esta relevando a la especulación inmobiliaria como principal amenaza para los pueblos y el medio ambiente de Castilla y León.

"Fiel a su tradición depredadora y corrupta, las élites regionales del Partido Popular alientan el expolio de los pueblos de Castilla y León, favoreciendo la apropiación de sus recursos naturales por empresas locales o multinacionales extranjeras interesadas en extraer a bajo coste minerales y rocas industriales del subsuelo regional", señala la organización ecologista en un comunicado.

Para los ecologistas, el PP no persigue combatir la despoblación del medio rural, sino vaciarlo para allanar el desembarco de multinacionales mineras como los consorcios internacionales que operan detrás de la reapertura de las minas del Bierzo "para las que el acceso fácil a derechos mineros es un activo en los mercados financieros internacionales, independientemente de que el yacimiento en cuestión se acabe explotando o no".

"Estas empresas actúan en general en zonas poco pobladas beneficiándose de los derechos que les atribuye la franquista Ley de Minas, por lo que las restricciones de la normativa ambiental y urbanística son un obstáculo que hay que remover. Hay que destacar que la minería supone una aportación económica y laboral marginal dentro de Castilla y León (360 millones de facturación y 4.000 empleos), que apenas deja beneficios en las áreas donde opera, legando en cambio territorios esquilmados con un altísimo impacto ambiental, paisajístico y social", detalla en su comunicado.

Ecologistas en Acción señala que la pretensión de permitir la actividad extractiva en cualquier suelo rústico con protección es contraria al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible formulado por la ley estatal de suelo, que exige la preservación de los valores del suelo rural, entre ellos los naturales, culturales y paisajísticos que amenazaría la PL del Grupo Popular. La organización ambiental estima que dicha proposición de ley es también contraria al derecho a un medio ambiente adecuado tutelado por el artículo 45 de la Constitución.

 

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación. Al utilizar esta web usted acepta el uso que hacemos de las mismas. Para saber más sobre las cookies visite política de privacidad.

Acepto las cookies de esta web.

EU Cookie Directive Module Information