El Gobierno tiene previsto destinar un total de 422 millones de euros a un Plan de Acción Urgente para abordar los desafíos a corto plazo planteados por la transición energética en comarcas mineras y el cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares sin planes de reconversión.

Este plan forma parte de la Estrategia para la Transición Justa aprobada este viernes el Consejo de Ministros, dentro del paquete de energía y clima del que también forman parte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, y tratará de maximizar las oportunidades de empleo de la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono.

La Estrategia será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario. El objetivo es que no se produzcan impactos negativos sobre el empleo ni la despoblación.

Para ello, impulsará el diseño de políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica, y de empleo y formación profesional con el fin de asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea justo y socialmente beneficioso para todos.

La Estrategia identifica y se alinea con las áreas del PNIEC con mayores oportunidades de creación de empleo: rehabilitación de edificios, energías renovables (subastas, repotenciación, promoción del autoconsumo) y el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica o el desarrollo de combustibles alternativos como el biometano y el hidrógeno.

Contempla propuestas para mejorar el acompañamiento a las empresas, adaptando los instrumentos de apoyo de los que ya dispone la Administración General del Estado (AGE), impulsando planes de acompañamiento para la transición en la industria y otros sectores, como el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, para el mantenimiento y refuerzo de la competitividad industrial.

Para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda suponer dificultades para la actividad económica y las empresas, el Gobierno propondrá la firma de un Convenio de Transición Justa. Este convenio articulará un plan de acción orientado a generar proyectos integrales de desarrollo territorial que garanticen el empleo a medio y largo plazo, y dinamicen la transición hacia un nuevo escenario productivo.

Estos convenios animarán y canalizarán la participación de los diferentes actores implicados: empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales así como las distintas Administraciones, donde las entidades locales están llamadas a desempeñar un papel fundamental. Este planteamiento permite la combinación de participación social y profesionalización del proceso.

Como apoyo financiero, ofrecerán acceso asistido y ágil a líneas de apoyo de la Administración General del Estado (AGE), asistencia técnica para ventanas de financiación europea, priorización en líneas de ayudas existentes a través de puntuación adicional -tras la valoración de su idoneidad por parte del Ministerio de Hacienda y de Trabajo, Migraciones y Seguridad- o herramientas de política energética, como las subastas específicas de energías renovables.

Para el apoyo técnico a la elaboración e implementación de los Convenios de Transición Justa, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) se transformará en el Instituto de Transición Justa que reforzará y ampliará su espectro a más zonas en transición y a más sectores de actividad.Para la realización de Convenios de Transición urgentes se habilitan 130 millones en líneas de ayuda para el marco 2019-2021.

La Estrategia hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación. Algunas de las líneas propuestas en este ámbito son el impulso a las energías renovables como biomasa o biogás, el apoyo a la Estrategia de Bioeconomía, diseñada para generar valor económico, activando mercados locales para productos y subproductos, o la revisión del Plan Forestal Español.

Plan de acción urgente para comarcas mineras y centrales ante el cierre

Para gestionar los desafíos a corto plazo que el Ministerio asumió tras su creación como son el cierre de minas de carbón, el cese de la actividad de las centrales térmicas de carbón que no han realizado inversiones requeridas por la Unión Europea, o las centrales nucleares sin planes de reconversión (Garoña y Zorita), la Estrategia de Transición Justa incorpora un Plan de Acción Urgente 2019-2021.

El Plan se marca entre sus objetivos garantizar a los trabajadores que pierdan su empleo en empresas mineras que cierren, compensaciones adecuadas, como prejubilaciones o bajas indemnizadas. Asimismo, se propone mantener a corto plazo el empleo en las comarcas mineras a través del Plan de Restauración de Minas y del Plan de Energías Renovables y Eficiencia Energética y otras estrategias a desarrollar con los municipios mineros. Igualmente, pretende ofrecer a las comarcas sujetas al cierre de minas, centrales de carbón o centrales nucleares la implementación de Convenios de Transición.

Una parte importante del Plan de Acción Urgente está ya en marcha. En pocos meses se ha salido al rescate de los territorios. El acuerdo minero alcanzado con sindicatos y la patronal en octubre de 2018 fue el primer paso, y un ejemplo de cómo a pesar de la urgencia y los estrechos plazos se puede conseguir el consenso y el acuerdo social. Este acuerdo ha sido convalidado como RDL 15/2018. Por otro lado se ha agilizado la concesión de subvenciones para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón del marco 2013-2018 y extensión de fecha límite para el reconocimiento de las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2023, por un total de 134 millones de euros. La dotación de los Planes de Restauración y Energías Renovables y Eficiencia Energética 2019-2023 es de 158,4 millones de euros.