Izquierda Unida de León denuncia que la Junta no ha cumplido su labor de supervisión de las restauraciones de las explotaciones mineras y anuncia que propondrá retirar las concesiones mineras "por incumplimiento de los planes de restauración y rehabilitación".

"A día de hoy, la explotación la Gran Corta de Fabero, una entre cientos de ellas en la provincia, sigue siendo una gran herida en esta comarca, espacio donde difícilmente se va poder desarrollar otras actividades económicas para las gentes de ese entorno y que permitan un futuro en la zona", explica IU en un comunicado.

La explotación ocupa la cuarta parte del municipio de Fabero, hasta superar las quinientas hectáreas, y ofrece un panorama desolador. "Aunque le hayan echado un poco de tierra por encima, quedan los profundos cortes, barrancos, montones de estériles, y el agua", detalla. Por eso considera necesario que la Junta de Castilla y Ley "cumpla con su obligación, empezando por la Consejera de Economía y finalizando por el último responsable de realizar estos controles, para ver si el plan de restauración que presentan las empresas se cumplen".

Izquierda Unida exigió en 2011 a la Junta de Castilla y León conocer si se estaba cumpliendo el plan de restauración de la Gran Corta y si la cuantía del aval sería suficiente para esa restauración. La contestación del Jefe del Servicio Territorial  de Industria, Comercio y Turismo fue que "el aval por 1.625.457,48€ es superior a lo  que supone la conlleva la restauración1.022786,74, y que la Junta de Castilla y León mantiene un seguimiento constante de los trabajos de restauración de las explotaciones mineras" y que desde la Junta se garantizaba "el seguimiento de las condiciones de seguridad de las personas y de los procesos de restauración de las explotaciones mineras".

"Hoy, 8 años después ya vemos la gestión del PP cuando garantiza algo. Parece como si a las comarcas mineras, además de la espiral de desempleo y despoblación que ha conllevado el cierre de las explotaciones mineras, se las quiera dejar como parajes yermos marcados por las huellas del escombro de una industria ya desaparecida. No admitimos que después de la minería y por incumplimiento y dejación de responsabilidades de las Junta de Castilla y León  y de los concesionarios de las minas, el futuro de las zonas mineras sea todavía más negro y desolador. Pues al final, como en el caso de la Nueva Julia, hemos tenido que pagar 25 millones de euros del erario público que podíamos haber dedicado a sanidad y educación y no a esto", apostilla Izquierda Unida.

Por ello, IU entiende que el Gobierno autonómico ha incumplido con sus obligaciones, y los concesionarios de las explotaciones con las suyas, "por lo que si  con dinero público se tienen que hacer las restauraciones y rehabilitaciones de los espacios, el control del agua de las minas que desagua en nuestros ríos, esas concesiones deben eliminarse y que pueda haber otra actividad económica ligada a juntas vecinales, administraciones públicas, cooperativas… que realmente tengan interés en  la vida de las zonas y no en destrozar el futuro de estas comarcas".