[TRIBUNA] La posverdad sobre el fin de la minería del carbón Imprimir
Jueves 03 de Enero de 2019 13:19

OLEGARIO RAMÓN | Hace meses que vengo escuchando reiteradamente a dirigentes del Partido Popular de todas las Administraciones, incluso a la señora Alcaldesa de Ponferrada en su papel de liberadora de todos los males del planeta, que el Partido Socialista ha cerrado las minas y las centrales térmicas de nuestra comunidad y lo ha hecho de la noche a la mañana.

En realidad forma parte de un enraizado y grotesco baile de máscaras, de una continua estrategia de crear una realidad paralela, sin duda más próxima a lo que el electorado quería o quiere oír que la realidad genuina. Ya en 2002 (Reglamento CE 1407/2002 del Consejo) la Unión Europea marcaba la hoja de ruta sobre la que discurriría nuestra minería del carbón: se posibilitaban transitoriamente ayudas estatales, se pretendía la pervivencia de la minería competitiva y se potenciaban las energías renovables. En la misma línea en 2010 una Decisión del Consejo (2010/787/UE) prorrogaba las ayudas estatales al sector del carbón, imponiendo el cierre de las explotaciones mineras que no fueran rentables a treinta y uno de diciembre de 2018, permitiendo la continuidad de las que sí lo fueran con la obligación de la devolución de las ayudas recibidas.

Estos datos los tenían todos los responsables políticos de nuestra provincia, de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestro Gobierno Central. Tal es así que el gobierno del Partido Popular en 2013 firma con las fuerzas sindicales y con Carbunión el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018, que asumía como escenario, tanto de partida como de llegada, el marcado por esa Decisión del Consejo en 2010. Y tanto es así que el mismo Gobierno del Partido Popular notifica a la Unión Europea el 7 de febrero de 2012 una ayuda estatal para financiar el cierre de las minas de carbón, realizando numerosas comunicaciones posteriores, siendo quizás la más importante la presentación por las autoridades españolas de un plan de cierre actualizado a 15 de abril de 2016 (información contenida en la Decisión de la Unión Europea de 27/05/2016 sobre Ayuda estatal SA.34332 (2012/NN) -España- Ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón en España).

Esta es la realidad de las cosas, como también lo es que se ha llegado a un escenario que ya se conocía que iba a llegar desde 2010, y con total exactitud desde 2013, sin haberse buscado alternativas reales al monocultivo del carbón. Todo lo demás es un insulto doloroso hacia la verdad, un intento bochornoso de aprovechar electoralmente el dolor de las gentes que se ven sin futuro después de haber contribuido de manera principal al de muchas generaciones, con un trabajo penoso, en el que muchos dejaron su salud y hasta la vida. Desde la firma de ese Marco de Actuación en 2013 este país ha sido gobernado durante cincuenta y seis meses por el Partido Popular mientras el PSOE gobierna desde hace siete. Y en estos siete meses se ha aprobado el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027,  y como primer fruto del mismo, en el BOE de dos de enero se publican sendas convocatorias de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras. Insuficiente sin duda, pero es un primer paso.

La inactividad de todos estos años ha convertido en urgente lo que se debería haber hecho paulatinamente
Por lo que se refiere al cierre de las Centrales Térmicas de Compostilla y La Robla, como el de algunas otras, debemos remontarnos a noviembre de 2010, fecha en la que se aprueba la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 2010/75/ UE sobre las Emisiones Industriales (prevención y control integrados de la contaminación). En dicha Directiva se planteaban dos posibilidades para reducir emisiones: un Plan Nacional Transitorio o la Exención por Vida Útil Limitada de nuestras centrales  térmicas. La práctica totalidad de nuestras centrales se acogieron al Plan Nacional Transitorio que establecía sucesivas etapas para la reducción de emisiones contaminantes. En este proceso, aquellas Centrales que no hayan hecho las inversiones necesarios en técnicas de desnitrificación y desulfuración (importantes sin duda) habrán de cerrar necesariamente en junio de 2020. Hasta entonces podrían funcionar pero en cualquier caso será una decisión empresarial, siempre que no exista riesgo para el suministro eléctrico necesario. La realidad es que las centrales de Compostilla y la de La Robla tendrían que cerrar necesariamente en junio de 2020, aunque las mismas pretenden adelantar su fin por motivos empresariales. Es aquí donde el Gobierno ha de luchar por conseguir una verdadera implicación de la empresa para garantizar el futuro de sus trabajadores y de la tierra que tantos beneficios económicos les ha aportado. Algo que el Partido Popular no ha hecho cuando se comunicó el cierre de la Central de Anllares.

Lo que también es un brindis al sol, que forma parte del baile de máscaras que denunciaba es ese decreto ley que pretendía aprobar el Partido Popular para impedir el cierre de las Centrales. La crítica general al mecanismo legislativo elegido, un Decreto-Ley, se intentó subsanar por el PP mediante su tramitación como Proposición de Ley. Pero es que el demoledor informe de la Comisión Nacional de Los Mercados y La Competencia de 24 de enero de 2018 (Expediente IPN/CNMC/039/17) afirma respecto a lo pretendido en ese texto normativo,  y destacando entre las numerosísimas críticas tanto respecto a la prohibición del cierre como al procedimiento que se establecía para ese fin) lo siguiente: que es muy dudoso que superara el filtro constitucional ya que podría vulnerar el artículo 38 de la Constitución Española (libertad de empresa) y que es contrario a la normativa comunitaria. Un desatino jurídico de dimensiones importantes. En el citado informe sí se da el visto bueno a uno de los motivos de prohibición del cierre que se acogían en el decreto y posteriormente en la proposición de ley: el riesgo para el suministro, pero como también subraya muy acertadamente la Comisión en ese mismo documento, la vigente Ley 24/2013 ya regula que el cierre definitivo de instalaciones de generación requiere el informe del Operador del Sistema en el que se deberá pronunciar motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro. Para ese viaje no necesitábamos alforjas.

Y, una vez analizada la realidad del camino que nos ha traído a la situación actual pido, exijo una verdadera implicación de todas las Administraciones, de todos los colectivos, de las gentes del Bierzo (comprometo el mío propio por supuesto) para convertir en realidad alternativas reales para las Comarcas Mineras, porque la inactividad de todos estos años ha convertido en urgente lo que se debería haber hecho paulatinamente, esa transición justa que ahora necesitamos con imperiosa necesidad. Me atrevo a proponer una apuesta por inversiones no deslocalizables (una empresa que pretenda pescar en río revuelto podrá irse con su pez  pero un pozo minero restaurado no se irá). En otras zonas europeas que pasaron por este mismo proceso (Cornualles, la Cuenca del Rhur, etc.) apostaron por la cultura, el turismo, las energías verdes, las tecnologías. Cambiaron el polvo negro del carbón por la cultura, por la musealización del patrimonio industrial, por la integración del mismo en los circuitos de ocio. Por otro lado, y a la par,  la generación de espacios físicos atractivos para la implantación de empresas necesariamente ha de someterse a una especie de concentración parcelaria. Debemos aspirar a que en nuestros pueblos se pueda vivir con dignidad, con servicios, creando un importante número de empleos en actividades vinculadas a las potencialidades de nuestro medio rural, coexistiendo con centros de trabajo de dimensiones mayores que les pueda exigir un cierto desplazamiento pero que les permita regresar diariamente a sus pueblos.

Acabo haciendo un reconocimiento, que brota de las entrañas, a una especie en extinción: los mineros, un colectivo del que formaron parte mi padre, mi tío, mi hermano y muchas gentes muy queridas para mí, y que derrocharon esfuerzo y valores durante muchas décadas en nuestro Bierzo, dejándose la salud y, en no pocos casos, la vida.

* Olegario Ramón Fernández es secretario general de la Agrupación Socialista de Ponferrada.

 

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