A REXOUBA / El juez que no quiso investigar y el que encarceló a Prada Imprimir
Miércoles 17 de Marzo de 2010 05:02
Parece que Ponferrada y Gürtel se han hecho inseparables. Resulta que el ponente de la resolución que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe adoptar para determinar si se anulan o no las escuchas en prisión a imputados en dicho caso, es un viejo conocido por estos pagos. Bueno, de unos más que de otros. El magistrado José Manuel Suárez Robledano inició en Ponferrada su brillante carrera profesional hace 30 años, con el ímpetu propio de la juventud. Una de sus principales víctimas fue el entonces alcalde de Cacabelos por UCD, José Luís Prada A Tope, que dio con sus huesos en la cárcel quizá porque el ahora dirigente de la Asociación Profesional de la Magistratura entendió que quería situar al poder ejecutivo por encima del judicial. El derribo de un muro para abrir un camino le costó caro, y ni siquiera los buenos oficios del ministro  Rodolfo Martín Villa sirvieron para que eludiera la prisión, primero, y una inhabilitación para cargo público después.

Suárez Robledano y su entonces compañero de juzgado, de apellido Vesteiro, no eran muy apreciados por sus ideas en los círculos progresistas locales, efervescentes en aquellos primeros años de la democracia. Lo pueden atestiguar los monitores de autoescuela, por ejemplo, que durmieron en el depósito municipal por ejercer el derecho a  la huelga. Todo lo contrario que José Antonio Goicoa, que se hizo popular a raíz de aquella sentencia en la que dejó claro que llamar "facha" a quien lo era no constituía delito de injurias, sino simple definición de un hecho.

Junto a Suárez Robledano, la decisión sobre la validación o anulación de las escuchas está en manos de Francisco Javier Vieira, presidente del TSJ; y Emilio Fernández Castro, quien según cuenta hoy Público se negó se negó en 2007 a admitir una querella sobre los manejos de dos de los principales personajes de la que terminaría siendo conocida como trama Gürtel: el entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, apodado en la trama como el Albondiguilla y el empresario José Luis Ulibarri.

Destaca el periódico madrileño que "sin estudiar el fondo del asunto, la oscura adjudicación de una parcela municipal a una empresa de Ulibarri", Fernández Castro dio carpetazo a la querella argumentando que no existían indicios de delito.  La empresa adjudicataria, UFC, ni siquiera estaba inscrita en la Seguridad Social.

Más información:

http://www.publico.es/espana/301880/pinchazos/manos/juez/nego/investigar/ulibarri

http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=44437

 

 

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