Roberto Mendo, concejal de Medio Ambiente de Ponferrada / BierzoDiarioEl pleno del Ayuntamiento de Ponferrada solicita informes técnicos, jurídicos y económicos para justificar la renuncia por motivos de interés público al contrato de limpieza, recogida de basura y mantenimiento de zonas verdes, que deberán ser emitidos antes del día 29.

La propuesta salió adelante con los votos a favor del PP, cinco, y uno del PRB, y la abstención del popular Roberto Mendo y del resto de los grupos (PSOE, USE, CB, Cs y PeC), después de que en el salón de sesiones se escenificara durante algo más de una hora un nuevo capítulo del interminable serial que comenzó hace dos años con la anulación en los tribunales de la adjudicación del servicio a FCC.

Acuciada por la petición de Urbaser al juzgado para que se le comience a aplicar la multa de 150 euros diarios por incumplir la sentencia que anuló esa adjudicación, la alcaldesa de Ponferrada ha imprimido de repente una inusitada velocidad a un debate que ha venido aplazando desde junio de 2016. Esta mañana, el acuerdo del pleno extraordinario ha consistido en dejar sobre la mesa la adjudicación del servicio a Urbaser, como proponía la mesa de contratación, y solicitar informes técnicos, jurídicos y económicos sobre la viabilidad de la renuncia al contrato por razones de interés público.

La votación volvió a evidenciar la división del PP. El edil de Medio Ambiente, Roberto Mendo, se unió en la abstención al resto de los grupos, a excepción del PRB de Tarsicio Carballo, el único que respaldó la propuesta del equipo de gobierno. "Soy el presidente de la mesa de contratación, y por coherencia, responsabilidad y sentido común no puedo cambiar mi postura radicalmente", se justificó Mendo al término del pleno.

El portavoz del PP, Ricardo Miranda, reprochó a las demás formaciones que "no se mojen" y estas, a su vez, le recriminaron a la alcaldesa la demora en abordar una solución al embrollo. Todas menos, precisamente, la que seguramente más tenía que decir. Samuel Folgueral, el responsable como alcalde de aquella adjudicación y ahora portavoz de USE, guardó un sepulcral silencio.

La modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, que ahora impide adjudicaciones que superen la vigencia de cinco años más otros cinco prorrogables y que impide agruparlos como hizo el bipartito, será la piedra angular de los informes solicitados por el pleno a los técnicos municipales. Con una encomienda concreta, la formulada por Ricardo Miranda: "Pido a los servicios técnicos, jurídicos y económicos que los informes sean claros".

El más contundente en la crítica fue el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, quien tras plantear dos cuestiones de orden acusó al equipo de gobierno de estar intentando "socializar la responsabilidad". Ramón auguró que, considerando la lentitud de los responsables municipales en resolver cualquier cuestión que se plantea y la complejidad del procedimiento, si finalmente se opta por abrir una nueva licitación esta no se resolverá en el mandato de la actual corporación, que expira en mayo de 2019. En su opinión, las prisas de la alcaldesa están relacionadas con su interés en evitar la multa por no ejecutar la sentencia.