La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha accedido a primera hora de este martes a los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo, Astorga y Villaquilambre, entre otros de toda España, buscando información sobre adjudicaciones irregulares de sistemas de regulación del tráfico. La investigación señala a Ulibarri como el presunto "cerebro" de la trama.

Los agentes de la UDEF han iniciado de este modo una operación contra un posible caso de corrupción en la adjudicación de los concursos para la colocación de radares y semáforos en más de cuarenta ayuntamientos de España. En su conjunto se han practicado 39 detenciones, entre ellas la del empresario José Luis Ulibarri, dueño del Diario de León y copropietario de la Televisión de Castilla y León y de la concesionaria del servicio de Transporte Urbano de Ponferrada (TUP).

Las abundantes intervenciones telefónicas constatan que Ulibarri era el encargado de aportar información sobre concursos "apetecibles" para la empresa Aplicaciones Gespol, vinculada a Sacyr y principal implicada en la trama. "Yo me ocupo", decía a menudo el investigado cuando había algún problema con la licitación de algún concurso. La UDEF ha establecido vínculos entre los  empresarios y distintos ayuntamientos, la mayoría bajo la órbita  del PP y con los que Ulibarri —señalado como supuesto conseguidor— mantenía estrechas relaciones  de amistad.

Se acusa a este empresario, sobre el que el juez dictó una orden expresa de detención que esta mañana ha ejecutado la policía, de cohecho, tráfico de influencias, malversación y organización criminal. Fuentes de la investigación han confirmado que también se investiga al número 2 de su grupo empresarial, el berciano Miguel Hernán Manovel García.

Ulibarri ya está imputado en la pieza separada de la trama Gürtel de Boadilla del Monte y procesado por cinco presuntos delitos, por los que la fiscalía le pide 7 años y un mes de prisión. En concreto, por el delito de prevaricación relacionado con la adjudicación a UFC SA de una parcela en Boadilla, la fiscalía pide para Ulibarri una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por fraude a las Administraciones solicita las penas de 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por tráfico de influencias, 11 meses. Por el delito contra la Hacienda Pública, 2 años y 2 meses de prisión y 320.000 euros de multa. Por delito continuado de falsedad en documento mercantil, 2 años de prisión y 11 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros.

Una red de amaños en las adjudicaciones de sistemas de ordenación del tráfico

Según fuentes policiales, la operación bautizada como Enredadera afecta a más de cuarenta ayuntamientos de toda España, presuntamente implicados en una red de amaños de adjudicaciones fraudulentas de sistemas de ordenación de tráfico (radares y semáforos) y seguridad vial. Fuentes cercanas a la investigación citadas por varios medios de comunicación señalan que las adjudicaciones en las que los detenidos se llevaban comisiones beneficiaban una empresa radicada en Cataluña, donde se iniciaron las pesquisas y donde se han practicado buena parte de los arrestos.

La policía investiga las actividades de una empresa tecnológica denominada Aplicaciones Gespol S.L, una firma del grupo Sacyr Cataluña, aunque la operación se extiende a otras comunidades de España como Madrid, Asturias y Castilla y León. Se prevén un centenar de registros y actuaciones en numerosos municipios, entre ellos León, Astorga, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, Palencia, Teruel, Plasencia y Torrelodones.

Este mismo Juzgado, según una nota de la fiscalía, ha ordenado prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial de otros organismos como la Diputación de Alicante y los municipios de Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.

"Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal", ha señalado Anticorrupción. La mayoría de los consistorios investigados son del PP, aunque también están implicados alcaldes del PSOE y Ciudadanos. Además de la alcaldesa socialista de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, entre los detenidos se cuenta el exdirigente de Cs en León Sadat Maraña y el portavoz de este partido en la Diputación, Juan Carlos Fernández.

Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal. Se calcula que el montante del fraude, que según los investigadores se viene desarrollando desde hace años, ascendería a millones de euros.

La investigación se centra en la supuesta concesión irregular de contratos a la empresa Aplicaciones Gespol SL, una firma con sede en Barcelona que fue adquirida por el grupo Sacyr en octubre de 2016 y que se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales, el control inteligente del tráfico rodado y la colocación de radares, entre otros servicios. La compañía habría conseguido decenas de adjudicaciones mediante la presunta manipulación de concursos públicos a cambio de comisiones. Para ello, habría contado con la connivencia de alcaldes, concejales y policías municipales.

El caso arrancó hace dos años en Cataluña aunque pronto se detectaron ramificaciones que obligaron a ampliar las diligencias al resto de España. El dispositivo lo dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción. Además de agentes de la UDEF, también participan otros efectivos de Policía Judicial y de jefaturas superiores, sobre todo de Cataluña, donde se desarrollan los registros en las oficinas de la compañía.