El salón estaba casi lleno por primera vez en mucho tiempo / BierzoDiarioLas explicaciones del equipo de gobierno no satisfacen a los grupos de la oposición en un pleno extraordinario sin sangre, casi de guante blanco y en que no se ofreció ningún dato nuevo a los asistentes que llenaron el salón de sesiones por primera vez en mucho tiempo.

La corporación municipal de Ponferrada ha celebrado este viernes, con el salón de plenos prácticamente lleno, una sesión monográfica extraordinaria convocada a instancias de tres partidos de la oposición (PSOE, Cs y PeC) para pedir explicaciones a concejales del equipo de gobierno y de otros grupos que aparecen en las grabaciones de la policía en la denominada Operación Enredadera.

Esas explicaciones no han dejado satisfechos a los grupos que solicitaron este pleno. Tanto el socialista Olegario Ramón como Miguel Ángel Fernández (PeC) vaticinaron que acaso no esté dicha la última palabra en relación con este asunto. "No entra dentro de la normalidad que una empresa que aspira a un contrato tenga información privilegiada y reservada facilitada por un concejal", le espetó Ramón a Miranda.

El portavoz del PSOE pidió al concejal de Movilidad que explicase las razones de su comportamiento y le preguntó si se sintió presionado o atemorizado por el empresario, al que en las grabaciones intervenidas se oye decir que "a este se le dan dos meneos y ya no está". Ramón añadió que "aquí a mi lado hay una persona que sabe mucho de miedo pero también de dignidad", en referencia a su compañero Javier Campos, al que Ulibarri llevó al juzgado por sus críticas, demanda que terminó perdiendo el empresario en todas las instancias.

"Usted no ha actuado bien y debería asumir responsabilidades", le espetó a Miranda el concejal socialista, que cree que las consecuencias de la Enredadera "seguirán en el tiempo" sin descartar que conforme avancen las diligencias judiciales pueda abrirse una pieza separada que afecte al Ayuntamiento de Ponferrada, hasta ahora al margen de la investigación.

Miguel Ángel Fernández (PeC) reconoció que el Ayuntamiento de Ponferrada no está investigado —"de momento", apostilló— pero también recalcó que "está bajo sospecha" debido a que el equipo de gobierno "hace las cosas de forma oculta, sin transparencia y con cierta alevosía". Dirigiéndose directamente a la alcaldesa le exigió que explique si esas conversaciones con Ulibarri fueron la causa de retraso en la ejecución de la sentencia que anuló el contrato de limpieza y recogida de basura.

"Yo no me reúno con nadie a escondidas", enfatizó la portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, que preguntó varas veces a Miranda "por qué le dice al empresario que cuando salga el contrato se aclararán las dudas" y si sus conversaciones "han estado más cerca del pasteleo que de la transparencia". A la alcaldesa le pidió que aclarase "los vaivenes del contrato de basuras y las conversaciones con Ulibarri" y "a cambio de qué" el empresario sugiere que le den un cargo en la Junta. Según Merayo, lo que quería este era alejarla de Ponferrada.