El exalcalde de Cacabelos y actual concejal no adscrito acusa al equipo de gobierno formado por PSOE, IU y ACC de haberse "instalado en la locura" y de no haber cumplido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

"Al igual que los filibusteros acusan a la oposición de no participar y aportar nada al debate en los Plenos, cuando son conscientes de que llevan a Pleno acuerdos que son ilegales, al existir informes de una funcionaria sin nombramiento y con dos sentencias que determinan que todos sus actos son nulos, nunca van a conseguir convencernos de participar en ilegalidades", explica Adolfo Canedo en un comunicado.

El exalcalde justifica el abandono de la oposición en el punto de ruegos y preguntas con el argumento de que, en lugar de servir para fiscalizar la gestión del gobierno municipal, "estos incompetentes" lo usan para interpela a la oposición. "A la función pública hay que venir aprendidos y si no es así por lo menos tener interés en aprender, pero nunca querer someter a la oposición a una humillación una vez que manifiesta que no tienen ruegos y preguntas", apostilla.

"Tienen la poca vergüenza de decir que la sentencia del TSJCYL está cumplida, cuando saben que no es cierto y será el Juzgado Contencioso Administrativo quien exija el cumplimiento forzoso de las mismas, con los gastos judiciales correspondientes", subraya también el edil no adscrito.

Canedo también niega que se le faltar al respeto a una señora mayor "a la que según ellos increpamos al abandonar el salón de sesiones". Según su versión, fue la señora "que no es de Cacabelos, que no conocemos de nada y que estaba junto a su responsable de comunicación, quien nos insulta y falta al respeto, por abandonar el salón de plenos. Es el mundo al revés del que estamos acostumbrados por parte de estos chavistas bolivarianos".

Respecto a la deuda del consistorio, el exalcalde afirma que "es de verdaderos amorales querer hacernos responsables de las deudas millonarias del ayuntamiento de Cacabelos de gobiernos anteriores". Y es que, apostilla Canedo, "los verdaderos responsables de la situación de quiebra y ruina en la que dejaron el ayuntamiento los gobernantes del PSOE, con deudas sin reconocer, sin contabilizar, sin pagar y subvenciones malversadas por más de 13 millones de euros. Estamos esperando y deseosos la tan cacareada Auditoria en la que justificaron su pacto de perdedores".

También matiza que la modificación de crédito aprobada por importe de 50.000 euros "en ningún sitio del expediente se vincula a una sentencia del Tribunal de Cuentas". Canedo acusa al alcalde de ocultar "de forma indigna" que las sentencias son favorables al Ayuntamiento, "que impone el reparto de las costas, que el Ayuntamiento tiene que pagar unas, y que tienen que cobrar otras, que existen unos responsables condenados, entre ellos un trabajador laboral condenado por quedarse con el dinero de todos los cacabelenses, y que siguen manteniendo trabajando en el área de intervención y está condenado a pagar al ayuntamiento las cantidades reconocidas en la sentencia más los intereses legales y las costas judiciales".

"Las continuas sentencias contra el Ayuntamiento de Cacabelos por conductas irregulares e ilegales y por procedimientos infundados interpuestos por iniciativa personal del Sr. Alcalde Sergio Álvarez que han sido totalmente desestimadas por los tribunales, supondrán en los próximos meses no 50.000 euros de gastos. Por desgracia las sentencias en contra, los gastos y las condenas en costas serán de cientos de miles de euros", pronostica Canedo.

El Partido Popular también ha emitido un comunicado en términos similares, en el que acusa al equipo de gobierno de haberse "instalado en la ilegalidad con multitud de sentencias condenatorias de sus políticas en todas las instancias judiciales del país, y con un alcalde acusado de prevaricación a punto de ser juzgado que se atrinchera en el poder de forma democráticamente inexcusable, mientras sus camaradas practican el silbo canario"

Los populares reprochan al regidor que mantenga en su puesto "a una interventora interina cesada desde enero de 2016, contra el criterio de la administración autonómica y de los juzgados, que sigue informando de todos los asuntos económicos que van a Pleno, contra toda racionalidad frente al interés público".