Carlos López RiescoLa concertación de los avales para abonar el canon de cinco millones de euros a la UCI y la encomienda de gestión a la Fundación de Deportes son algunas de las cuestiones que afectan directamente al equipo de gobierno que solicitó y consiguió para Ponferrada la organización en septiembre de 2014 del evento ciclista, investigado por un juzgado de la capital berciana y por el Tribunal de Cuentas.

El exalcalde de Ponferrada Carlos López Riesco y el que fuera su concejal de Hacienda, Neftalí Fernández Barba, han declarado este lunes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada, que investiga la gestión y financiación del Mundial de Ciclismo celebrado en la capital berciana en septiembre de 2014, atendiendo la solicitud de una de las partes personadas en la causa, la Plataforma Cuentas Claras.

Riesco declinó hacer declaraciones ni antes ni después de su comparecencia, que se prolongó por espacio de dos horas, mientras Fernández subrayó que había actuado "siempre con toda corrección" por lo que atribuye su presencia en los juzgados a una posible intención de la instructora de la causa de profundizar en los hechos relacionados con una corporación municipal que se ocupó de la organización y gestión del evento deportivo.

La comisión de investigación creada por el consistorio ponferradino, cuyo informe obra en poder del juzgado que instruye la causa, estableció en sus conclusiones que la concertación de avales por importe de 4 millones de euros realizada durante el mandato de Riesco contradecía lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Haciendas Locales, "ya que no se podían utilizar como garantías el importe de subvenciones finalistas que la Junta de Castilla y León otorgaba al Ayuntamiento de Ponferrada".

Además, la comisión también señalaba que la decisión de conceder la organización del el evento a la Fundación de Deportes "no tenía la consideración de encomienda de gestión ni de convenio de colaboración". Es más, el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León afirma que se trataba en realidad de "la ideación de un mecanismo para evitar la aplicación de las normas sobre la contratación pública".

La declaración de estos dos testigos supone un nuevo avance en la investigación judicial por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, en paralelo a la que también mantiene abierta el Tribunal de Cuentas al apreciar indicios de un supuesto alcance contable. Además de Riesco y Fernández, la acción popular también había pedido la comparecencia como testigo del actual presidente de la Fundación de Deportes, Roberto Mendo, después de que la jueza decidiera anular la imputación inicial. Sin embargo, la declaración de Mendo se pospone hasta que la instructora del procedimiento tenga en su poder las conclusiones del informe pericial que ha solicitado y que todavía no ha recibido.

La nómina de imputados en este caso por el juzgado ponferradino asciende a cinco: el exalcalde Samuel Folgueral, Sergio Gallardo y Marcos Díez Bodelón, anteriores presidente y vicepresidente de la Fundación de Deportes, el exconcejal Emilio Cubelos y el edil de USE Fernando Álvarez, que en la anterior corporación ocupó la concejalía de Hacienda. Por lo que se refiere a la investigación por alcance contable del Tribunal de Cuentas, afecta a 25 ediles de la corporación anterior.