Dos de los cinco periodistas de la delegación de Diario de León en El Bierzo imputados  por el juzgado número cinco de León en un presunto delito de calumnias a la empresa ECD han asumido la autoría de las informaciones objeto de la querella en la declaración prestada esta mañana durante más de tres horas y media en el Palacio de Justicia de Ponferrada. A la vista de estas declaraciones, la representación legal de los demandantes retirará la querella contra tres de ellos, y la mantendrá contra el presidente del consejo de administración de la sociedad, José Luís Ulibarri; el director, Fernando Aller; el delegado en la comarca, Roberto Arias, y el redactor Manuel Félix López.

El primero de los periodistas comenzó a prestar declaración a las 10 de la mañana, y el último en hacerlo —el delegado, Roberto Arias— finalizó la suya pasadas las 13.30 horas. Todos ellos respondieron a una amplia batería de preguntas formuladas por la jueza de Ponferrada y por el abogado de los demandantes, y en sus respuestas se puso de manifiesto que tres de ellos no habían tenido participación alguna en la elaboración de las informaciones supuestamente calumniosas publicadas durante dos semanas por el Diario de León. Todas las declaraciones apuntaron en la misma dirección, demostrando que lo que el director del periódico Fernando Aller había calificado como "un trabajo colectivo de la delegación del Bierzo" era en realidad obra de sólo dos personas.

Ambos se mantuvieron esta mañana en la versión publicada, basándose en supuestos "documentos oficiales". Sin embargo, no explicaron en ningún momento por qué calificaron de "pelotazo" los contratos de la empresa demandante con el Consejo Comarcal del Bierzo, y por los que percibió 60.000 euros (IVA incluído) en cuatro años, muy lejos de la cifra atribuida por Diario de León (tres veces más) al coste del Gabinete de Comunicación de la institución.

Dichas contrataciones se hicieron en todo momento cumpliendo la normativa legal en vigor, como así queda acreditado en los acuerdos de los órganos de gobierno del Consejo Comarcal, sin que se produjese informe negativo alguno relativo a estas adjudicaciones por parte de los servicios de Secretaría e Intervención de la institución, lo que según los demandantes evidencia que la información publicada es no sólo inveraz sino que además no fue contrastada antes de su difusión ni con la empresa ni con la administración comarcal. Tanto el comunicado oficial del Consejo como las manifestaciones de su presidente fueron "mutilados" y tergiversados por el periódico leonés, que mantuvo su campaña de difamación a despecho de la realidad.