La Policía pide los contratos de Teconsa y Begar para esclarecer el origen de la 'caja B' de Gürtel Imprimir
Martes 08 de Marzo de 2011 10:56
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha pedido al juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que reclame a 15 empresas —entre ellas las constructoras Begar y Teconsa— sospechosas de haber pagado comisiones a la trama, un listado de los contratos firmados entre 2001 y 2004 en las comunidades de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León. También solicita que se reclame a la Agencia Tributaria los datos de las operaciones con terceras personas que declararon dichas empresas durante el mismo periodo.  El propietario de Begar, José Luis Ulibarri, ha pedido esta semana al magistrado que le llame a declarar para "exponer y justificar personalmente" los motivos por los que considera que debería dictarse el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

Los investigadores policiales pretenden esclarecer con esta diligencia el origen de una parte de los fondos de los que se nutría la llamada caja B de la trama Gürtel, presuntamente dirigida por Francisco Correa, que hasta ahora no ha podido determinarse. Así, la Policía indica que si bien la documentación de la carpeta azul incautada al contable de la red, José Luis Izquierdo, ha permitido concretar la entrada de fondos de empresas constructoras y su distribución a personas concretas, "en su mayoría responsables políticos", aún no ha podido averiguarse la procedencia de otra parte de los fondos que se refleja en los documentos.

El oficio policial menciona expresamente a la sociedad Teconsa, de los empresarios José Martínez Nuñez y José Luis Martínez Parra, que en otros informes de la Udef aparece relacionada con el pago de comisiones al grupo de Correa, con origen en adjudicaciones de contratos públicos en las comunidades autónomas de Castilla y León y Valencia. Parte de ese dinero, explican los investigadores, es destinado al pago de obras de carácter particular del propio Correa en Ibiza, "al igual que ocurre con la mercantil Begar S.A. vinculada al empresario José Luis Ulibarri, quien igualmente aporta fondos para tal fin".

Martínez Nuñez, Martínez Parra y Ulibarri --que ya está imputado en la causa-- son tres de los empresarios a los que, según la Policía, el juez Pedreira debría exigir un listado de los contratos adjudicados a sus empresas entre 2001 y 2004 por cualquier ente, público o privado, en Galicia, Madrid, Castilla y León y Valencia.

Ulibarri pide comparecer

El informe solicita que el mandamiento se expida también, entre otros, a los empresarios Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica S.L); Plácido Ramón Vázquez (Sufi S.A. y Ros Roca, entre otras) y Enrique Carrasco (FCC Construcción), todos ellos imputados por haber pagado presuntamente comisiones ilegales a la trama Gürtel para obtener la adjudicación de contratos.

Uno de los citados, José Luis Ulibarri, que el pasado 12 de enero pidió a Pedreira que archive la causa en lo que a él respecta, ha pedido esta semana al magistrado que le llame a declarar para "exponer y justificar personalmente (...) los motivos por los que entiende que procede decretar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones", según un escrito de su defensa.

 

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