Coincidiendo con la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) señala que el transporte público de Castilla y León recibirá este año para su financiación casi un 23% menos de subvenciones del Estado, que se situarán en los 3,4 millones de euros.

Esto es debido a que Valladolid, que el año anterior recibió casi 1,5 millones de euros, se ha quedado fuera del reparto por presentar la solicitud fuera de plazo. Por ciudades, Burgos será la que se beneficiará de la mayor cantidad, más de un millón de euros; seguido de Salamanca, con más de 954.000 euros, y León con cerca de 320.000 euros. Por su parte, a Ponferrada le corresponden 172.336,61 euros.

A nivel general, ATUC pide al Estado una mayor implicación a la hora de articular políticas relacionadas con la movilidad sostenible, pues actualmente apenas subvenciona el 7% de lo que cuesta cada año el sistema en España.

En este sentido, el coste se ha mantenido prácticamente intacto en los últimos siete años, cuando las subvenciones de Hacienda se recortaron un 27% en plena crisis, lo que está limitando el desarrollo del transporte público en un contexto de lucha contra el cambio climático y la contaminación en las ciudades buscando reducir los coches en circulación con el cierre al tráfico privado de los centros urbanos de casi 150 ciudades y fomentar el transporte público como alternativa sostenible para moverse.

Y es que, en total, la Administración central, a través del Ministerio de Hacienda, inyecta anualmente 51 millones de euros a más de 90 municipios, cuando los costes ascienden hasta los 5.000 millones. Estos fondos se completan con los cerca de 295 millones que reciben las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y este año también Valencia, y que se financian mediante los llamados contratos programa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al ser su transporte público más complejo y contar con varios modos (autobús, metro y tranvía) que precisan de mecanismos particulares de financiación que encarecen el coste del sistema.

Para ATUC es fundamental una mayor implicación del Estado, que debería como mínimo llegar al 15% de la financiación del sistema para contribuir realmente al desarrollo del transporte público urbano y metropolitano. De esta forma, el esfuerzo de todas las partes implicadas sería mucho más equitativo y como tal debería quedar reflejado en una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito nacional, de la que España es el único país de Europa que carece actualmente.