Aire Limpio acusa a Cosmos de burlar la Directiva europea sobre emisiones Imprimir
Miércoles 10 de Abril de 2019 12:54

Las emisiones de Cosmos en Toral de los Vados, en tela de juicio / BALLas emisiones de Cosmos en Toral de los Vados, en tela de juicio / BALLa Comisión Europea "supone" que la cementera no publica los datos de emisiones de dioxinas y furanos por estar por debajo del límite de notificación, a partir de los datos de la propia cementera, pero la eurodiputada Lola Sánchez matiza que "cuando se trata de la salud humana, no hay suposiciones que valgan".

La multinacional brasileña Votorantim Cimentos, propietaria de la fábrica Cementos Cosmos de Toral de los Vados, remitió ayer un comunicado a los medios de comunicación en el que "manipula claramente" la respuesta a una pregunta de la europarlamentaria Lola Sánchez, remitida el pasado 5 de abril por la Comisión Europea al Parlamento Europeo.

Según Bierzo Aire Limpio, "no es cierto, como pretende Votorantim-Cosmos, que la Comisión Europea afirma que la cementera de Toral cumple con los requisitos medioambientales". Esta afirmación no consta en la respuesta de la Comisión, que más bien se limita a expresar que Cosmos no aporta los datos exigidos por la Directiva sobre emisiones industriales y hace, literalmente, una suposición a partir de los propios datos aportados por la cementera: “En sus informes, la empresa Cementos Cosmos no presenta emisiones de dioxinas ni furanos. Cabe suponer que esto se debe a que las emisiones están por debajo del umbral de notificación”, concede la Comisión.

La eurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldenrey, autora de la pregunta a la Comisión Europea, ha señalado que “la Comisión no debería sacar sus conclusiones en base a los datos de la cementera, que podrían estar siendo alterados. Desde Podemos defendemos que, siempre que exista riesgo para la salud de la ciudadanía, debe aplicarse el principio de precaución y realizar mediciones independientes. Cuando se trata de la salud humana, no hay suposiciones que valgan. La contaminación está matando a día de hoy a más gente que el tabaco”.

Es evidente que, según la propia cementera, los datos de emisiones van a ser siempre óptimos. La pregunta que deben hacerse los ciudadanos es por qué la empresa y las autoridades responsables no permiten mediciones rigurosas, científicas, imparciales y objetivas, y por qué las estaciones de medición no funcionan, están caídas con demasiada frecuencia o se hacen las mediciones cuando le interesa a la empresa. Este es el problema real: sin mediciones objetivas, los datos de la empresa y de la Junta carecen de toda credibilidad. Por esta razón, la Coordinadora Estatal Contra la Incineración pidió la semana pasada en Bruselas a los Presidentes de la Comisión y del Parlamento "exigir la realización de estudios epidemiológicos y médicos serios, científicos, objetivos e independientes de la Calidad del Aire en todas y cada una de las zonas afectadas por incineradoras y cementeras".

A continuación, se reproduce el texto íntegro de la Respuesta E-000261/2019 que firma el Comisario Vella en nombre de la Comisión Europea:

La Directiva sobre las emisiones industriales exige que los permisos de las instalaciones del sector del cemento hayan sido actualizados a más tardar en abril de 2017, en consonancia con las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para este sector. Estos permisos incluyen límites de emisión de dioxinas y furanos. En sus informes del E-PRTR, la empresa Cementos Cosmos de Toral de los Vados no presenta emisiones de dioxinas ni furanos. Cabe suponer que esto se debe a que las emisiones están por debajo del umbral de notificación.

La información notificada con respecto a la Aglomeración de León y Territorio de Castilla y León para 2017 y los cuatro años anteriores indica que se cumplen los valores límite o valores objetivo de la Directiva sobre la calidad del aire ambiente. La Directiva no regula las concentraciones de dioxinas y furanos. En virtud de la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deben someterse a una evaluación de sus efectos medioambientales.

En esta fase y en consonancia con el enfoque político esbozado en la Comunicación de 2016 «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación», la Comisión no dispone de elementos que apunten a una infracción sistemática del Derecho de la UE en este caso. La Comisión recuerda que la responsabilidad principal de aplicar correctamente la legislación medioambiental de la UE recae en los Estados miembros. La autoridad competente en este caso es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.


 

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